Luego de idas y venidas, de polémicas, de que la oposición adelantara reparos, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, logró que la legislatura aprobara la ley que regulará el juego online en territorio bonaerense. El sí se logró durante una maratónica sesión en el edificio de La Plata que duró hasta la madrugada de este miércoles.

Vidal lo logró.

Según consigna el sitio La Política Online, los legisladores de Vidal acataron la orden y -en silencio- votaron sin quejas el proyecto. Hasta horas antes se especulaba con algunos se levantarían de las butacas al momento de la votación. Nada de eso ocurrió. «Lo que más oculta esto es la falta de coraje de la Gobernadora para enviar una nueva ley de juego», dijo en la Cámara Alta la jefa de los senadores de Unidad Ciudadana.

Desde el kirchnerismo duro las críticas más fuertes las bajó el diputado Carlos «Cuto» Moreno, quien aseguró no entender por qué la gobernadora avanzaba con la iniciativa tras tres años de un discurso muy duro sobre el tema.

En tanto, el bloque de los intendentes peronistas rechazó también el artículo de la Ley Fiscal Impositiva que creaba el juego online. «Esto permite que cada vecino, sin ni siquiera salir de su casa, pueda apostar libremente«, dijo. Según unos cálculos previos, con la normalización del juego online, Buenos Aires piensa recaudar unos 3.000 millones de pesos anuales.

El oficialismo planteó la discusión desde la premisa de que el juego online hoy existe en el territorio bonaerense en un completo vacío legal. Además destacaron que bloquear a las empresas que hoy operan en la provincia no era una opción toda vez que los intentos de bloqueo en el mundo no funcionaron.

En cuanto a la licitación, una de las dudas que planteaban propios legisladores de Cambiemos era por qué el proyecto planteaba fijaba en siete la cantidad de empresas para la licitación. Sobre eso explican el caso de Francia. Allí, la licitación no tuvo tope en la cantidad de empresas y entraron 37, un número que después hizo imposible el control por parte del Estado. Por eso hicieron cambios en la ley y dejaron solo siete. Pero el caso es que las otras 30 siguen funcionando en un limbo legal porque habían sido autorizadas.